URBANISME, TOT I LA CRISI...

EL PAÍS 19-10-09
Los planes de 52 pueblos prevén pisos para 2 millones de habitantes
Un estudio muestra la desmesura del crecimiento proyectado
EL PAÍS - Valencia
La crisis económica y el pinchazo de la burbuja inmobiliaria han frenado en seco el desarrollo de muchos planes de actuación integrada (PAI) y han dejado otros a medias. La fiebre por enladrillar el territorio, sin embargo, no ha desaparecido de los ayuntamientos, que mantienen la intención de ocupar millones de metros cuadrados a lo largo y ancho de la Comunidad Valenciana. Así lo muestra un estudio de la Universitat de València que analiza la previsión de crecimiento de los planes de ordenación urbana (PGOU) de decenas de municipios que han iniciado la tramitación para renovar su planeamiento en los últimos cuatro años. Los conciertos previos al PGOU o los propios planes ya aprobados por 52 municipios dan cuenta de que el ansia urbanizadora se mantiene. Al menos sobre el papel, ya que de ejecutarse los proyectos, estas poblaciones ganarían entre todas cerca de dos millones de nuevos residentes. La Comunidad Valenciana tiene actualmente cinco millones de habitantes.
Los nuevos PGOU aún no han sido aprobados por la Generalitat, que tiene la última palabra, pero los datos evidencian que "muchos municipios están haciendo sus planes urbanísticos como si el territorio lo pudiera aguantar todo y la demanda residencial no tuviera límites", apunta el autor del estudio, el catedrático de Geografía Humana y ex cargo socialista Eugenio Burriel.
Entre la cincuentena de localidades sobre las que hay datos "completos y fiables", destacan casos como el de Almoradí, con unos 18.000 vecinos y una expansión prevista en el concierto previo aprobado en 2008 que multiplica por más de ocho su población; o Cabanes, cuyos macroproyectos y plan general multiplican por 15 el suelo residencial, por 30 el número de viviendas y por nada menos que 52 los habitantes (casi 150.000 nuevos residentes potenciales).
En total, los 52 pueblos pretenden incrementar el suelo urbanizado en 272 millones de metros cuadrados y construir del orden de 718.000 nuevas viviendas para dos millones de habitantes potenciales. Es decir, que el terreno construido lo multiplicarían por 3,7, el número de viviendas por 3,1 y los habitantes por 5,1. Las localidades planifican su futuro sin tener en cuenta la oferta residencial del vecino y sin que exista una visión supramunicipal del territorio.El despropósito se hace aún más evidente si se analizan las propuestas en una zona concreta, en este caso las de siete municipios del litoral de La Plana Baixa. En la franja costera entre Almenara y Burriana hay previstas 102.000 nuevas viviendas para 290.000 residentes, en una zona que ahora no llega a los 65.000 habitantes. También se incluyen nueve campos de golf. Entre la autopista A-7 y la costa prácticamente sólo queda libre en los planos lo que ha protegido el catálogo de zonas húmedas, afirma el estudio.
Estos desarrollos se plasman, además, tras una década de crecimiento desaforado. La Comunidad Valenciana es la tercera en número de viviendas y en pisos por cada mil habitantes iniciados entre 1997 y 2006. En sólo diez años se construyeron 713.214 viviendas, con una media anual de 16,6 pisos por habitante, señala el estudio, que concreta: "El incremento fue continuo cada año. Se pasó de 24.260 viviendas en 1996 a casi 100.000 en 2006, con lo cual se multiplicó por cuatro la actividad constructiva, un 50% más que la media española".
Un "tsunami urbanizador" que parece sólo la "punta del iceberg" si se compara con la previsión de construir casi el mismo número de nuevas viviendas concentradas en tan solo 52 municipios, como reflejan los documentos analizados.
En ese contexto, el artículo Los límites del planeamiento urbanístico municipal. El ejemplo valenciano, publicado en el último número de la revista universitaria Documents d'Anàlisi Geogràfica (Universitat Autònoma de Barcelona), critica la "desmesura de la oferta residencial pretendida", a la que no pone límites la Generalitat. Burriel alerta del grave impacto sobre el territorio y especialmente de la ausencia de planes de acción territorial o directrices de la consejería competente que fijen un marco de desarrollo.
La falta de modelo provoca que la planificación esté en manos de los municipios, que estiman sus crecimientos sin tener en cuenta lo que hace el vecino. "Nadie parece haber hecho la suma de las propuestas municipales ni haber reflexionado sobre su insostenibilidad", destaca el informe. Los PGOU que se están diseñando, además, supondrán una dura hipoteca para los municipios. "Estas propuestas municipales no se molestan en justificar con un mínimo de rigor la dimensión de la oferta de suelo y viviendas", y los planes se elaboran desde "una lógica meramente local" en la que los municipios han competido entre ellos por no quedarse al margen de lo que consideran una apuesta por la prosperidad. "Aquí quien no apoya un PAI está muerto", afirmó un concejal de un municipio castellonense incluso el año pasado en plena crisis.
A juicio de Burriel, estos planes locales generarán "ineludiblemente un crecimiento territorial desordenado, un mosaico de urbanizaciones dispersas e inconexas", ya que la mayoría no prevé un desarrollo "secuenciado riguroso". Con una demanda escasa a corto y medio plazo, y una oferta de suelo gigantesca, "las pocas unidades de ejecución que se desarrollen se van a localizar de modo disperso en el territorio", opina el autor del estudio. Aunque muchos planes no se ejecuten ahora por la crisis, una vez que la expansión está sobre el papel, se generan expectativas e intereses que luego son difíciles de rebajar o corregir, como ha demostrado recientemente el caso de la localidad de Parcent, donde el actual Ayuntamiento ha batallado desde que sustituyó al PP en 2007 por que se retiraran tres planes que suponían quintuplicar la población.
"La fijación del cuánto del desarrollo urbanístico no se puede seguir haciendo exclusivamente desde la escala local" y "las comunidades autónomas han de ejercer decididamente sus competencias urbanísticas y de ordenación del territorio, si desean asegurar un urbanismo sostenible", concluye el artículo.

________________________________________

EL PAÍS 18-10-09
El desorden urbanístico multiplica el riesgo de inundaciones
Los expertos piden más control y la revisión del plan de zonas vulnerables
SARA VELERT - Valencia
El fuerte temporal de hace unas semanas dejó tras de sí zonas urbanas empantanadas, pérdidas económicas millonarias y polémicas políticas en las que unos y otros se echan la culpa del desaguisado. Esta vez, por fortuna, no hubo que lamentar víctimas mortales, pero cientos de personas perdieron muebles, coches y negocios. Y se preguntan por qué no están seguros en sus casas y calles. La Generalitat tiene leyes para impedir o supervisar la edificación en zonas inundables; la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) dispone de planes contra avenidas; los meteorólogos avisan de las gotas frías y las universidades no dejan de producir estudios sobre el territorio. Y aún así, el agua se desborda por donde no se la espera.
Los expertos advierten desde hace tiempo que la intensa transformación del territorio ha multiplicado el riesgo de inundaciones. El urbanismo salvaje de la última década ha eliminado campos y humedales que antes absorbían agua y evitaban que se precipitara hacia los ríos, y ha permitido construcciones al borde de los cauces e incluso en ellos. El presidente de la CHJ, Juan José Moragues, lo advirtió en una visita a Beniarbeig tras el primer temporal fuerte del otoño: "Entre todos hemos hecho un territorio en el que el drenaje ha sido el gran olvidado y, por mucho que ahora ejecutemos obras de encauzamiento, cuando llueve el agua no llega a los cauces, sino que se queda estancada en las ciudades".
"Antes se filtraba agua en los campos y llegaba más repartida y más tarde a los ríos", abunda José Ramón Mahiques, portavoz de la Plataforma Ciutadana Riu Girona, creada por vecinos de Beniarbeig, El Verger y Els Poblets tras el desastre de octubre de 2007, cuando el río se desmadró hasta tumbar un puente y anegar los pueblos. En aquella riada convergieron causas naturales, un río encajonado en cascos históricos, puentes obsoletos, el arrastre de vegetación de ribera..., pero también lo que la plataforma llama "factores agravantes de los desbordamientos". Estos señalan al boom inmobiliario, al abandono de campos que pueden ayudar a laminar avenidas y la "importante impermeabilización del suelo provocada por un crecimiento urbanístico acelerado". Los riesgos persisten, porque tras las obras hechas en el cauce tras la riada, se sigue construyendo pegado al río, constata Mahiques, como si el peligro hubiera desaparecido.
Que el agua puede revolverse como una hidra de siete cabezas lo saben también en Burriana, donde los vecinos navegaron literalmente por sus calles en el núcleo histórico del puerto, en el que viven unas 6.000 personas. El caos generado por el último temporal fue tal que los afectados han creado una plataforma y buscan explicaciones. Jorge Soriano, su presidente, tiene algunas. Se asfaltaron calles hace un año dejando "las trapas tapadas", un olvido que impidió que el agua llegara al alcantarillado. Tampoco pudo desaguar en el mar porque "se han construido escolleras y unos muros en el paseo marítimo que al final tuvieron que tirarse abajo". El torrente de agua también vino de fuera, de los PAI a medio hacer cerca del puerto, donde "se han dejado de usar acequias y se han cegado", de modo que el agua se abalanzó por los caminos rurales hacia el casco urbano. Los vecinos apuntan a las administraciones como responsables y estudian acciones legales.
Jorge Olcina, catedrático de Análisis Geográfico Regional en la Universidad de Alicante, acaba de participar en un nuevo estudio sobre la vulnerabilidad ante las inundaciones en el litoral mediterráneo que certifica que "ha aumentado el riesgo, pero no porque haya más gotas frías, sino porque hay más gente en sitios inundables". En el litoral entre Torrevieja y Pilar de la Horadada se ha construido a pie de rambla, como también en torno a los ríos Girona o Gorgos, por poner algunos ejemplos. Ocurre a lo largo de toda la costa valenciana, constata Paco González, portavoz de la organización ecologista Gecen, que denuncia que la presión del ladrillo se ha impuesto a la protección de zonas húmedas que actuaban "como lagos laminadores de fuertes lluvias" y ahora están salpicadas de casas con sótano.
González también critica por desfasado e insuficiente el Patricova, el documento con el que la Generalitat fijó en 2003 las zonas inundables en las que extremar precauciones y la necesidad de acometer un centenar de obras. Del Patricova están pendientes decenas de obras y el desorden urbanístico obliga a revisar el mapa de riesgos. "Se está actualizando", afirman en la Consejería de Medio Ambiente, que no explica más. La Generalitat afirma haber invertido 395 millones de euros en 68 infraestructuras hidráulicas, pero no aclara desde cuándo ni en qué actuaciones.
La CHJ, por su parte, ha incrementado significativamente la inversión en los cauces para prevenir inundaciones, que ha pasado de cerca de un millón de euros en 2004 a los 21,4 de este año, aparte de otros 44 millones gastados en obras de emergencia por las riadas de 2007 y 2008. De ahí que Moragues insistiera en denunciar que el Consell ignora informes negativos de inundabilidad del organismo. La consejería lo niega, pero las actas de la CHJ de las comisiones de urbanismo reflejan esos votos desfavorables.
Llegados a este punto, con el riesgo sobre la mesa cada otoño, ¿qué hacer? Aparte de actualizar planes y aplicar la normativa, allí donde la urbanización ya está hecha no queda otro "remedio" que acudir a la ingeniería, mientras que en zonas libres de edificación debe imponerse "la ordenación del riesgo" y, en general, la "educación al ciudadano" sobre los peligros de las riadas, dice Olcina.
Joaquín Farinós, profesor de Análisis Geográfico Regional de la Universitat de València, ve también necesaria "una evaluación continuada del territorio, que es un sistema cambiante". Farinós propone "observatorios territoriales" que analicen la dinámica de cambios y las políticas que se aplican. En Alemania esa tarea la asume una oficina a nivel federal, Francia y Holanda también cuentan con observatorios territoriales potentes. "La cuestión es política", de aprovechar los instrumentos de que se dispone y el conocimiento de técnicos y expertos para favorecer "un modelo de desarrollo alternativo". Aplicar "sentido de Estado" a la visión territorial, añade Farinós. "Gobernanza aplicada al territorio para llegar a pactos", coincide Olcina.